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11/07/2016 - Castilla Y León Económica
Artículo de Raquel García de Avanza sobre impuestos locales
Los tributos locales y el papel de las diputaciones

Los tributos locales, esos grandes desconocidos

que todos los años periódicamente

llaman a nuestra puerta. ¿Qué

sabemos de ellos? Su regulación está

en el Real Decreto Legislativo 2/2004,

de 5 de marzo, que aprueba el texto

refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales. Desarrolla el artículo

142 de la Constitución para dotar

de los recursos necesarios a las entidades

locales y así garantizar la autonomía

que se atribuye a la Administración

local en los artículos 140 y 141 de

la Constitución.

La ley enumera todos los recursos

de las Haciendas Locales, entre otros,

los tributos propios clasificados en tasas,

contribuciones especiales e impuestos

y los recargos exigibles sobre

los impuestos de las comunidades autónomas

o de otras entidades locales.

Es competencia de las entidades locales

la gestión, recaudación e inspección

de sus tributos propios, sin perjuicio

de las delegaciones o fórmulas de

colaboración que se puedan otorgar o

formular con entidades locales de ámbito

superior, las propias comunidades

autónomas o con el Estado

 CyL Económica 70_Nº242 Julio 2016

RAQUEL GARCÍA GARCÍA

Economista

Los tributos locales y

el papel de las diputaciones

Y aquí entran en funcionamiento

las Diputaciones, como entes autónomos

y como colaboradores en la recaudación

de los pequeños ayuntamientos,

porque las Diputaciones,aunque

no tienen impuestos propios, cuentan

con sus propios recursos económicos,

como pueden ser establecer y exigir

tasas y contribuciones especiales; establecer

un recargo sobre el Impuesto

sobre Actividades Económicas, consistente

en un porcentaje nunca superior

al 40%; participar en la cesión de una

proporción del rendimiento obtenido

por el Estado en algunos impuestos

(IRPF, IVA e impuestos sobre fabricación);

otros ingresos como subvenciones,

participación en el Fondo Complementario

de Financiación, etc.

Autonomía reglamentaria

Los que vivimos en una capital de

provincia como Valladolid estamos

acostumbrados a que sea el propio

Ayuntamiento el que nos comunique

vía edictos que tenemos que pagar un

impuesto u otro. Es así porque los municipios

tienen autonomía reglamentaria

para establecer y exigir tributos de

acuerdo con lo previsto en la legislación,

que se ejerce a través de las ordenanzas

fiscales, reguladoras de los

tributos propios.

Un Ayuntamiento como el de Valladolid

o Palencia además es responsable

de la gestión, recaudación e inspección

de los tributos propios, y lo hace a

través de las ordenanzas generales de

gestión, recaudación e inspección. Sin

embargo, son las Diputaciones Provinciales

las que tienen la competencia

de asistencia en la prestación de los

servicios de gestión de la recaudación

tributaria, en periodo voluntario y ejecutivo,

inspección y servicios de apoyo

a la gestión financiera de los municipios

con población inferior a 20.000

habitantes. A cambio la Diputación recibe

una compensación de estos ayuntamientos

para cubrir los costes efectivos

de los servicios que prestan.

Veamos cuáles son esos tributos

que pueden establecer los municipios

anualmente en sus presupuestos, tengan

o no la gestión sobre ellos.

Categorías de tributos

Los tributos se dividen en:

A) Tasas.

Los ayuntamientos podrán establecer

y exigir tasas por:

• La prestación de servicios o la realización

de actividades de su competencia,

como puede ser el uso de los

bomberos, o por la depuración de

aguas residuales o por la recogida de

basuras (tasa ésta muy controvertida

en Valladolid).

• La utilización privativa o el aprovechamiento

especial de los bienes del

dominio público municipal, como las

entradas de vehículos a través de las

aceras (VADOS), la ocupación de terrenos

de uso público local con finalidad

lucrativa con mesas, sillas, y otros elementos

análogos, instalaciones de

quioscos, etc.

Son las Diputaciones las encargadas

de la prestación de servicios públicos

de carácter supramunicipal y supracomarcal

y el fomento o coordinación de

 

la prestación unificada de servicios de